Para la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) la controversia que ha precedido al Informe Europeo sobre Salud Sexual y Reproductiva, desde su debate en la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, carece de fundamento en tanto en cuanto, los contenidos de este informe vienen a consolidar los acuerdos que en materia de seguridad sexual y reproductiva fueron acordados en la Cumbre de El Cairo y ratificados por 189 estados en la Cumbre de Beijing. Por ello, la FPFE reclama la aprobación del texto en los plazos y forma previstos.

Según esta Federación, la disparidad en el acceso a los servicios de planificación familiar entre los distintos países de la Unión Europea y entre éstos y los “países aspirantes” a la integración, ha promovido un informe que busca ante todo la universalización de los servicios de planificación familiar y salud reproductiva, en un intento de superar las profundas desigualdades entre unas regiones europeas y otras y, en contra de lo que se ha venido sosteniendo, mejorar la atención a las mujeres y adolescentes para precisamente evitar que éstas tengan que recurrir al aborto.

En opinión de la FPFE, situaciones tales como, que las mujeres de los países del Este de Europa tengan que recurrir al aborto ante la imposibilidad de acceder a los métodos de planificación familiar (el acceso a los métodos anticonceptivos en la mayor parte de la Europa del Este suponen 1/3 del salario medio de un ciudadano), que numerosas mujeres tengan que “viajar” a otros países para poder practicar un aborto y evitar con ello una persecución legal (como en Irlanda y Portugal), y que en función de un país u otro los servicios de planificación familiar estén incluidos o no en el servicio nacional de salud (tal es el caso de España, en el que estas prestaciones no están integradas), exigen una acción inmediata que refuerce y universalice la calidad de los servicios en salud sexual y reproductiva para poner freno a estas desigualdades tan acuciantes en el marco de la UE y “países aspirantes”.

Por otra parte, la FPFE considera que no se puede olvidar “que precisamente para reducir el recurso al aborto, que en ningún caso puede ser considerado como un método anticonceptivo, la Comunidad Internacional estableció en El Cairo que era imprescindible mejorar la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar, y que aún así y estableciendo como base esta prioridad, la vida de la mujer que voluntariamente interrumpe su embarazo está por encima de cualquier condicionamiento legal, no pudiendo ser perseguida por ello.”

Con respecto al otro elemento que ha suscitado la reacción de los grupos más conservadores de la Eurocámara: facilitar el acceso a la píldora postcoital, la Federación considera carente de fundamento tal oposición, ya que la Anticoncepción de Emergencia no es un método abortivo sino anticonceptivo, tal y como señala el Consorcio Internacional de Emergencia, del que forman parte instituciones como la OMS, Population Council y Pathfinder International y la Federación Internacional de Planificación Familiar. Y en cualquier caso, en opinión de la FPFE, la irresponsabilidad no radica en la anticoncepción si no más bien en no atender una demanda que pueda evitar un embarazo no deseado y de alto riesgo pisco-social, habida cuenta de que sus principales usuarias son jóvenes y considerando además que la tasa de embarazos entre adolescentes de la UE se sitúa entre el 12 y el 25 por 1000 de las chicas entre 15 y 19 años.